Por despido entendemos aquel acto del empresario que pone fin a la relación laboral, si bien no es la única vía para la extinción del contrato.

En el artículo 49 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, encontramos muchas y diversas vías, cada una con su propia naturaleza y requisitos, como la extinción por mutuo acuerdo de las partes, por las causas consignadas en el contrato, por la expiración del tiempo pactado, por dimisión del trabajador o su jubilación, muerte o incapacidad, los despidos colectivos o, incluso, los ceses de la relación laboral por voluntad del trabajador cuando el empresario incumpla las condiciones pactadas.

De entre todas ellas destaca el despido, no solo por su sorpresa e imprevisibilidad para el trabajador, sino porque, en muchas ocasiones, supone la manifestación de un conflicto entre empleador y empleado, que desemboca en un procedimiento contencioso, si bien existen medios alternativos a la judicialización que tratan de dar una respuesta satisfactoria a ambas partes sin tener que esperar a que se dicte sentencia.

¿Cuántos tipos de despidos existen?

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España es uno de los países del mundo con más personas vacunadas. Los datos hablan por sí solos: a finales de la semana pasada, prácticamente el 80% de la población total (es decir, incluyendo a los que no pueden vacunarse) habían recibido ya la pauta completa, y se ha comenzado a inocular la denominada dosis de refuerzo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay otra parte de la población que, bien por sus propias convicciones, bien por imposibilidades de cualquier tipo, no han recibido la vacuna. Hablamos de esos cuatro millones de españoles que no han sido inmunizados.

La vacuna se ha demostrado eficaz para reducir la gravedad de los contagios por COVID y, especialmente, la mortalidad, que en nada se parece a la que vivimos hace casi dos años, al comenzar la pandemia. Es por ello que se han propuesto algunas medidas para tratar de extender la vacunación a esas personas que aun reniegan de ella y, como último recurso, salvaguardar a la sociedad del peligro que la falta de vacunación implica. Hablamos del conocido  como pasaporte COVID, que no es más que el documento oficial que certifica que hemos recibido la pauta completa de vacunación o que, en su caso, hemos superado la enfermedad.

Pasaporte COVID, trabajo e intimidad

Uno de los ámbitos en que se ha planteado la utilización del pasaporte COVID es el del trabajo. La exigencia de pasaporte COVID significa, básicamente, preguntar al trabajador en cuestión si está o no vacunado o si ha pasado o no la enfermedad, exigencia que se puede plantear de distintas formas, más o menos evidentes.

Conviene recordar, en primer lugar, que a todas las personas y, por supuesto, a todos los trabajadores, nos ampara el derecho a la intimidad personal, proclamado expresamente en el art. 18.1 de la Constitución Española. Por su parte, el Estatuto de los Trabajadores reconoce en su art. 4.2 el respeto a la intimidad y la consideración debida a la dignidad como uno de los derechos básicos de todo trabajador en la relación de trabajo.

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En esta nueva entrega, os vamos a comentar los tipos de contrato de trabajo que, de manera más habitual, se realizan en nuestro ordenamiento jurídico y las indemnizaciones, en caso de despido, que llevan aparejados.

Un contrato de trabajo, básicamente,  se puede establecer por tiempo indefinido o por una duración determinada y, en estos contratos de duración determinada (contrato temporal), el periodo de vigencia o duración vendrá establecido por las normas que regulan cada tipo de contrato.

¿Cuáles son las modalidades de contratos de trabajo?

De una manera general podemos clasificar los contratos de trabajo en:

• Contratos indefinidos
• Contratos temporales
• Contratos formativos

El contrato indefinido es aquel que se realiza o se concierta sin establecer límites de tiempo en la prestación de los servicios. En cuanto a la duración misma del contrato e incluso su forma, pueden ser verbales o escritos.

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Para este tema (que vamos a distribuir en los post) hemos elegido tratar el tema de los conflictos que surgen entre empleador y empleado por la utilización de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) con ocasión de una relación laboral.

Es una controvertida situación ya que la jurisprudencia existente hasta ahora, aparte de escasa, ya que no hay antecedentes al ser una realidad nueva, está siendo vacilante sobre los límites del derecho a la intimidad de las personas dentro del marco de las relaciones laborales.

¿Cómo podemos enfocar el problema?

Tenemos, por un lado, que el trabajador, en su condición de persona, tiene reconocido el derecho a que se respete su intimidad personal en el seno de la empresa para la que presta los servicios y por otro, la facultad del empresario de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los trabajadores a su servicio.

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Compartimos con todos los lectores de nuestro Blog este post sobre la posibilidad de que una empresa instale cámaras de seguridad en los centros de trabajo, debido al cambio de doctrina que ha adoptado el Tribunal Constitucional en esta materia, a través del Acuedo del Pleno nº 39/2016 de 3 de marzo de 2016.

A través de esta resolución, el Tribunal Constitucional aclara el alcance de la información a facilitar a los trabajadores sobre la finalidad del uso de la videovigilancia en la empresa: si es suficiente la información general o, por el contrario, si debe existir una información específica (tal como se había pronunciado la STC 29/2013, de 11 de febrero).

¿Es necesario recabar el consentimiento del trabajador antes de grabarle?

El empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad o control laboral, ya que se trata de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral y es conforme con el art. 20.3 TRLET, que establece que «el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana».

Si la dispensa del consentimiento prevista en el art. 6 LOPD se refiere a los datos necesarios para el mantenimiento y el cumplimiento de la relación laboral, la excepción abarca sin duda el tratamiento de datos personales obtenidos por el empresario para velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo.

El consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato que implica reconocimiento del poder de dirección del empresario.

¿Debe advertirse al trabajador sobre la instalación de cámaras?

Aunque no se requiere el consentimiento expreso de los trabajadores para adoptar esta medida de vigilancia que implica el tratamiento de datos, persiste el deber de información del art. 5 LOPD. Continue reading “CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL TRABAJO” »

 

Toda relación laboral puede tener dos finales: el amistoso y el convulso.

En ambos casos, lo más importante es saber que ambas partes tienen derechos y obligaciones y que aunque en un primer momento parezca imposible, en ocasiones, un acuerdo puede llegar a ser beneficioso para todos los implicados.

¿Cómo se inicia el proceso de despido?

Un despido se inicia con una carta de despido.

Es decir, con una comunicación escrita en la que se transmiten al trabajador los motivos de su despido y la fecha a partir de la que comenzará a tener efectos.

Además, con ella, debe ponerse a disposición del trabajador su finiquito y debe abonársele la indemnización que pudiera corresponderle.

La empresa o el empresario, a partir de ese momento, deberá remitir al SEPE el certificado de empresa que acredite la baja del asalariado y, con ello, el trabajador podrá tener acceso, si cumple con los requisitos para ello, a una prestación por desempleo.

¿Cómo se recurre un despido?

Desde la fecha de extinción del contrato laboral (fecha que debe indicarse en la carta de despido), el trabajador tiene un plazo de 20 días para recurrir el despido, debiendo acudir antes a la vía de la conciliación previa, en orden a descartar un posible acuerdo que evite el proceso judicial. Continue reading “¿CUÁL ES LA MEJOR ESTRATEGIA PARA RECURRIR UN DESPIDO?” »

 

COLABORACIÓN ESPECIAL DE DOÑA MARÍA EUGENIA VICTORIA MARÍN (Abogada col. 4.566 ICAMUR)

Cuando a un letrado le llega a su despacho un asunto de despido, bien sea por parte del trabajador o por parte de la empresa, tiene la difícil tarea de desmotivar o motivar ese despido con la única base de la carta que se ha utilizado para poner al trabajador de patitas en la calle.

De ahí que las razones que se recojan en dicha carta son importantísimas para ganar o perder un juicio por despido.

Aunque el tema da para un extenso artículo, quiero centrarme en la extinción del contrato por causas objetivas, regulada en el artº 52 del Estatuto de los Trabajadores.

Continue reading “¿CÓMO DEBER SER LA CARTA DE DESPIDO OBJETIVO?” »

 

Los abogados laboralistas del DEPARTAMENTO DE DERECHO LABORAL de nuestro Despacho de abogados de Bilbao vienen observando que, en el contexto de crisis actual en la que, día a día, cambian las estructuras y las organizaciones de muchas empresas con el objetivo de mantener «a flote» los negocios, son recurrentes las situaciones en las que, tras un despido y la declaración de improcedencia de éste por los Tribunales, el empresario que opta por la readmisión del trabajador (en lugar de por abonar la indeminización por despido improcedente) pero ésta no puede efectuarse en las mismas condiciones puesto que, por ejemplo, el centro de trabajo en el que dicho trabajador prestaba sus servicios, ha sido cerrado por la empresa. Continue reading “CONDICIONES DE READMISIÓN TRAS UN DESPIDO IMPROCEDENTE” »