Tras una ruptura, ¿pueden los hijos decidir con quién quieren vivir?¿Vinculan sus preferencias al juez?

A partir de qué edad deben ser escuchados los menores

Los menores tienen derecho a que se les escuche; tienen derecho a poder expresar libremente su opinión, tanto en el ámbito familiar como en todo procedimiento administrativo, judicial o de mediación cuya resolución le afecte en su esfera personal, familiar o social, siempre que el niño esté en condiciones de formarse su propio juicio. Su opinión deberá ser escuchada sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia. En todo caso, se entenderá que tiene suficiente madurez a la edad de doce años (art. 9.2 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor).

Es decir, tras la ruptura conyugal, a la hora de decidir con quién van a convivir los hijos, deberá recabarse su opinión; no existe para ello una edad mínima, sino que dependerá de si dispone de la suficiente madurez para expresar su opinión y deseos de con quién quiere convivir o de qué modo; y se establece una edad legal, los doce años, a partir de la cual se presume que ya disponen de la suficiente madurez y deben ser, por ello, escuchados:

“A medida que los hijos, hijas y adolescentes van madurando más relevancia debemos dar a sus opiniones. No estamos ante un supuesto donde la iniciativa de la modificación haya recaído sobre el progenitor no custodio. Es un hecho admitido que la idea ha partido de la hija mayor. Una voluntad, además, persistente en el tiempo y no caprichosa. Ella ha dado sus motivos y los ha explicado de manera plausible”. (SAP Badajoz de 30 de junio de 2023).

Cumpliéndose los requisitos de suficiente madurez o edad, el hecho de no recabar la opinión o deseos del menor sin causa que lo justifique, podría suponer una lesión a su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. No obstante, que el menor tenga el derecho a opinar y a ser escuchado, no implica que su deseo de con quién quiere convivir deba ser aceptado sin más, ya que el juez tiene la obligación de velar por el bienestar y protección del menor y decidir conforme a lo que sea mejor para su interés, pudiendo no coincidir con su deseo y, por tanto, no ser atendido:

“[…] la audiencia no fue acordada por el tribunal provincial mediante el ejercicio de sus facultades de oficio, ni tampoco motivó por qué no oía de manera directa e inmediata a unos menores que por su edad y madurez pueden ejercitar su derecho por sí mismos y así desean hacerlo. Esto no significa en modo alguno que la voluntad de los menores sea vinculante para el juzgador quien, como hemos reiterado, debe basarse en el interés superior del menor, sin que pueda atribuírsele al menor la responsabilidad de la decisión, especialmente cuando existen situaciones de riesgo o desamparo, pero sí determina que se les dé la ocasión de explicar su opinión y que a su vez se dé respuesta a las razones por las que sus deseos no pueden ser cumplidos”. (STS de 13 de julio de 2023)

El interés superior del menor

El interés superior del menor, reconocido en el art. 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño, es un interés prioritario por el que el menor tiene derecho a que, cuando se adopte una medida que le concierna, sus mejores intereses hayan sido evaluados y, en el caso de que concurra con otros intereses, éstos se hayan ponderado de modo que se resuelva de la manera más favorable para él. Continue reading “🧒¿CUÁNDO DECIDE UN HIJO CON QUIÉN QUIERE VIVIR?👧” »

 

¿Cuántos abogados hay en Bilbao? Muchos.

Es decir, ¿entre cuántos abogados puedes escoger, para confiar tu problema? Entre muchos; así que, a continuación, te ofrecemos una guía rápida que puede ayudarte a la hora de elegir un abogado o Despacho de abogados:

1.ESPECIALIZACIÓN:

En este primer ítem puede estar, claramente, la clave a la hora de tomar una correcta decisión respecto a la contratación de un abogado. Un abogado no puede «saber de todo» y, por ello, a la hora de buscar abogado, hay que identificar qué tipo de problema tenemos; para saber qué abogado necesitamos:

Por ejemplo, los abogados de familia, se dedican a la tramitación de procesos de divorcio, solicitud de custodias compartidas y liquidación de bienes comunes. Los abogados penalistas, se dedican a la gestión de procedimiento penales. Pero también existen abogados penalistas especializados, específicamente, en casos de violencia de género. Y, los abogados de herencias, están enfocados a la resolución de problemas vinculados a herencias y testamentos.

Es decir que, para cada problema, existe un abogado con conocimientos concretos en la materia; lo cual es, a todas luces, una buena premisa y una garantía de éxito.

2. EXPERIENCIA:

La experiencia es un «grado» y contratar a un abogado con quince o veinte años de experiencia, no es lo mismo que contar con uno recién salido de la Universidad. La experiencia es algo que algo que un profesional conozca los criterios judiciales, a los abogados contrarios, y, en definitiva, que sepa cómo planificar estratégicamente un asunto, para que el cliente obtenga los mejores resultados posibles.

3. EQUIPO:

Los abogados no somos omnipresentes y, si se quiere atender con detalle a todos y cada uno de los clientes; se debe contar con un buen equipo de compañeros de Despacho. En nuestro caso, abogados Bilbao, contamos con personal administrativo con conocimientos jurídicos y con un departamento específico de atención al cliente. Además, en determinados procesos judiciales resulta imprescindible contar con el apoyo de un buen procurador/a; dado que, en ocasiones, hay que realizar consultas o trámites judiciales que requieren desplazarse personalmente al mostrador de un Juzgado.

4. HONORARIOS:

Esta es la variable más subjetiva, puesto que los honorarios de los abogados son libres y dependen, únicamente, del pacto individual alcanzado con cada cliente. Si bien, como en otros mucho casos, precios excesivamente baratos pueden dar lugar a desconfianza.

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Somos abogados Bilbao y contamos con más de 15 años de experiencia en la tramitación de procesos de divorcio, custodias compartidas, liquidaciones de bienes; procesos penales y de violencia de género; y procedimientos, judiciales y extrajudiciales, de división de herencias.

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