🥇Abogados Custodia Compartida Bilbao: ¿CUÁL ES LA EDAD MÍNIMA PARA EMPEZAR CON UNA CUSTODIA COMPARTIDA?

Publicado: 06/09/2022

Abogados especialistas custodia compartida Bilbao

La jurisprudencia y el legislador consideran que el régimen de guarda y custodia compartida debe ser el normal y deseable, porque permite hacer efectivo el derecho que tienen los niños a relacionarse con ambos progenitores, aún en situaciones de crisis, siempre que sea posible y en cuanto lo sea.

Con su aplicación se pretende aproximar este régimen de guarda y custodia al modelo de convivencia que disfrutaban los menores antes de la ruptura matrimonial y, al mismo tiempo, garantizar que sus progenitores puedan seguir ejerciendo la patria potestad, con los derechos y obligaciones inherentes a ella, así como participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de los hijos.

Además, tiene como ventajas, que se fomenta la integración de los menores con ambos progenitores, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia; se evita el sentimiento de pérdida; no se cuestiona la idoneidad de los progenitores; y se estimula la cooperación de los padres, en beneficio de los menores. (STS de 28 de marzo de 2022)

No obstante, que sea la custodia compartida el régimen preferible, no quiere decir que deba constituirse en todo caso, por ser considerado el más adecuado al interés del menor; pues será precisamente dicho interés el que determine su constitución o no, especialmente si se estima desfavorable (STS de 21 de diciembre de 2016).

¿A partir de qué edad se puede establecer una custodia compartida?

Uno de los elementos a valorar a la hora de determinar si se establece una custodia compartida es la edad de los hijos menores, más aún si éstos se encuentran en edad lactante.

El período de lactancia es de especial importancia en el crecimiento y debido desarrollo del niño. La OMS recomienda que los niños deben ser amamantados exclusivamente durante los primeros seis meses de vida y, a partir del sexto mes de edad, deben comenzar a comer alimentos complementarios mientras continúan siendo amamantados hasta los dos o más años.

“[…] tanto el informe aportado en el acto de la vista como el que se acompaña al escrito de recurso hablan de que la OMS y la Asociación Española de Pediatría recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y posteriormente complementaria a la alimentación, tanto tiempo como deseen madre e hijo, llegando a afirmar el informe del Centro de Salud que esta lactancia, junto con la alimentación complementaria, se recomienda hasta los 2 años de vida o más”. (SAP Asturias, de 19 de abril de 2022)

En atención a estas recomendaciones y dada la dificultad o imposibilidad que supondría establecer una custodia compartida a causa del amamantamiento con varias tomas al día, suele ser habitual que en los convenios reguladores y en las sentencias judiciales, se opte por una custodia exclusiva de la madre durante este período de lactancia, por una duración de entre doce y dieciocho meses, junto con un régimen de visitas a favor del padre.

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🥇Abogados Herencias Bilbao: ¿CÓMO SE REPARTE UNA HERENCIA EN EL JUZGADO?

Publicado: 01/08/2022

El proceso de división judicial de herencia es aquel mediante el cual se procede a la división de la herencia entre los llamados a ésta, ya sea por testamento o abintestato, cuando existen discrepancias entre ellos.

Lo ideal es llegar a acuerdos, pero no siempre es posible, y para dilucidar esta cuestión la Ley de Enjuiciamiento Civil proporciona este procedimiento especial para liquidar y repartir el patrimonio del fallecido entre sus herederos y legatarios.
 
La partición judicial es una forma subsidiaria y última de hacer la partición, cuando no la haya hecho el testador, ni haya nombrado un contador partidor, ni haya acuerdo entre los miembros de la comunidad hereditaria. (SAP Bizkaia, de 23 de mayo de 2019)
 
¿Cómo comienza el proceso?
 
La división judicial de la herencia podrá solicitarla cualquier coheredero o legatario de parte alícuota, siempre que para esta labor no se haya designado un contador-partidor por el testador, por los coherederos, por el Letrado de la Administración de Justicia o por el Notario. La solicitud deberá acompañarse del acta de defunción del causante y de la documentación que acredite la condición de heredero (testamento o declaración de herederos) y, en ella, se podrá instar la intervención del caudal hereditario y la formación de inventario.

Recibida la solicitud, el Letrado de la Administración de Justicia convocará a Junta a los herederos, a los legatarios de parte alícuota y al cónyuge sobreviviente; y, de ser necesario, al Ministerio Fiscal para que represente a los menores interesados que carezcan de representación legítima y a los ausentes que no puedan ser notificados por desconocerse su paradero. También serán citados a Junta los acreedores que se hubieran personado en el procedimiento; no obstante, aun cuando no estuvieran personados en el procedimiento podrán participar en la Junta si se presentan el día señalado con los títulos que justifiquen sus créditos (art. 783.5 LEC).
 
Las Juntas serán presididas por el Letrado de la Administración de Justicia y se celebrará con aquellos que concurran a la misma en el día y hora señalado.

¿Cómo se realiza el inventario de los bienes?

El objetivo de las Juntas es que los herederos se pongan de acuerdo, primero, respecto al inventario de bienes que integran la herencia; y, segundo, para que acuerden la valoración y adjudicación de los bienes a cada uno de ellos.

En caso de desacuerdo sobre el inventario de bienes, se convocará a la partes a una vista, a fin de que el juez competente decida sobre la inclusión o exclusión de las partidas discutidas.

Y, en caso de desacuerdo sobre la valoración y adjudicación de los bienes ya inventariados, se nombrará perito para que se tasen los bienes y contador para que realice las operaciones de división de la herencia y al perito o peritos para que practiquen la tasación de los bienes.
 
Si no hubiera acuerdo en los nombramientos, se nombrarán por sorteo; un contador de entre los abogados expertos en la materia; y los peritos especialistas tasadores que el contador estime necesarios, igualmente, uno por cada clase de bienes (art. 784.3 LEC).
 
¿Cómo se distribuyen los bienes?
 
Tras el nombramiento de contador y perito, y la aceptación del encargo por éstos, el Letrado de la Administración de Justicia entregará al contador la documentación necesaria para proceder a practicar el avalúo, liquidación y división del caudal hereditario:
 
“[…] la partición consiste en transformar las cuotas hereditarias en bienes concretos, distinguiéndose en este proceso dos momentos distintos, uno preparticional que consistiría en el inventario, avalúo o tasación y liquidación, y el momento particional propiamente dicho. Y ello porque lógicamente para saber lo que debe partirse hay que comenzar por determinar los bienes afectados por esa partición”. (SAP Bizkaia, de 16 de febrero de 2021)
 
 El contador realizará su labor conforme a la normativa sucesoria aplicable al causante, o en su caso, conforme a lo establecido por éste en su testamento, sin perjudicar a las legítimas. En todo caso, deberá evitar la indivisión y la excesiva división de las fincas, si fuere posible. Para el desempeño de esta labor, el contador dispondrá de un plazo de dos meses (art. 786.2 LEC):
 
 “Y es que este procedimiento de división de herencia está formado por un conjunto de actuaciones cuyo objetivo es obtener judicialmente la división de un patrimonio hereditario siempre y cuando existan discrepancias entre quienes tienen derecho ya sea testamentario o declarativo. En casos en los que no existe acuerdo ni siquiera respecto al inventario es función del contador llevar a cabo la actividad de averiguar los bienes que integrarán tanto el activo como el pasivo de cara a incluirlo en el cuaderno particional”. (SAP Bizkaia, de 21 de octubre de 2021)
 
Concluidas las operaciones, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado a las partes para que refrenden o muestren su disconformidad, para lo cual dispondrán de diez días para examinar los autos en la Oficina judicial y formular oposición motivada por los puntos en que estén en desacuerdo (art. 787.1 LEC).
 
¿Y, sino estamos de acuerdo con las divisiones propuestas?
 

Si se hubiese formalizado oposición, el Letrado convocara a contador y partes para comparecer ante el Tribunal en los diez días siguientes. Si se llegara a un acuerdo en esa comparecencia, el contador realizará los cambios según lo acordado y se procederá a su ejecución; en caso contrario, el Tribunal oirá a las partes, admitirá las pruebas que estime pertinentes y se continuará el procedimiento según las normas del juicio verbal (art. 787.5 LEC).
 
“Es cierto que rige el principio de conservación de la partición, ahora bien, el mismo, sólo es aplicable en cuanto ello sea posible; situación que no concurre cuando por los partidores se margina la voluntad del testador, o se incide en defectos enormes o sustanciales con grave lesión económica para un heredero; o cuando los agravios patrimoniales son tan sustanciales y enormes que de otro modo, salvo la invalidez de la partición, no se pueden enmendar». (STS de 11 de marzo de 2020)

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🥇Abogados Divorcios Bilbao: LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

Publicado: 13/06/2022

Abogados divorcios Bilbao

Una de las dudas más habituales cuando se tramita un divorcio, resulta ser cómo se dividirán las bienes generados constante matrimonio después de un divorcio.

Nuestros abogados divorcios Bilbao te lo explican:

¿Qué es la Sociedad de Gananciales?

La sociedad de gananciales es el régimen económico por el que los cónyuges hacen comunes los beneficios y cargas obtenidos por cualquiera de ellos, y que, tras su disolución, les serán atribuidos por mitad a cada uno. Este régimen comenzará en el momento de celebración del matrimonio o, posteriormente, en el momento de pactar capitulaciones.

Serán bienes gananciales los obtenidos por el trabajo o industria de cualquiera de los cónyuges; los frutos o rentas que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales; los adquiridos a costa del caudal común; así como las empresas y establecimientos fundados durante la vigencia del matrimonio con cargo a los bienes comunes (art. 1347 CC).

Por su parte, la sociedad de gananciales deberá hacer frente a los gastos que se originen para el sostenimiento de la familia, la alimentación de los hijos comunes o de uno de los cónyuges si convive en el hogar familiar; para la adqusición, tenencia y disfrute de los bienes comunes, la admisnitración ordinaria de los bienes privativos de cada cónyuge, o para la explotación regular de los negocios o desempeño de la profesión de los cónyuges, entre otros (art. 1362 CC).

La gestión y disposición de los bienes gananciales corresponderá a los cónyuges de manera conjunta, salvo que se hubiera capitulado en otro sentido. Si uno de ellos se encontrara impedido para prestar consentimiento o se negara a prestarlo de manera injustificada, será el juez quien se encargará de suplir ese consentimiento.

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CÓMO CONSEGUIR UNA INCAPACIDAD LABORAL: FASE ADMINISTRATIVA Y PROCESO JUDICIAL ((ACTUALIZACIÓN 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣))

Publicado: 29/05/2022

La incapacidad permanente es la situación del trabajador que tras haber seguido el tratamiento prescrito presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, presumiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral; la cual deberá derivarse de una situación de incapacidad temporal.

“[…] la realización de cualquier actividad laboral comporta unas exigencias mínimas de profesionalidad, rendimiento y dedicación, de cuyo cumplimiento depende la posibilidad de apreciar la existencia de una capacidad laboral valorable en términos reales de empleo, no pudiendo exigirse un verdadero sacrificio por parte del trabajador o un grado intenso de tolerancia en el empresario dado que no serían relaciones laborales normales y ser incuestionable que el trabajador ha de ofrecer unos rendimientos socialmente aceptables”. (STSJ País Vasco, de 15 de febrero de 2022)

El reconocimiento de la incapacidad para el desarrollo de la actividad profesional habitual o para toda actividad laboral, dará acceso a las prestaciones económicas por este motivo.

“Conforme a la jurisprudencia, no son las enfermedades padecidas por el trabajador las que determinan el derecho a indemnización, sino que ese derecho surge del detrimento laboral que las mismas le causen, siempre distinto, según el grado de desarrollo de la enfermedad, y el estado de cada persona”. (STSJ País Vasco, de 15 de febrero de 2022)

Reconocimiento de la incapacidad

El procedimiento administrativo para evaluar la incapacidad laboral y el reconocimiento de las prestaciones económicas por incapacidad permanente se iniciará (art. 4 RD 1300/1995, de 21 de julio):

a) Por iniciativa de la propia Entidad Gestora o por petición razonada de la Inspección de Trabajo o del Servicio de Salud.

b) Por solicitud del trabajador.

c) A instancia de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

La solicitud por el trabajador se formalizará a través del formulario normalizado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social pone a disposición de los interesados, incluyendo sus datos personales, fecha de nacimiento, la fecha y causa del cese en el trabajo su profesión habitual con indicación de su categoría profesional, funciones y descripción del trabajo concreto que desarrollase; así como los datos bancarios de la cuenta donde recibir las prestaciones. Esta solicitud deberá ir acompañada del DNI y de un certificado de cotizaciones a la Seguridad Social, junto con el historial clínico y toda aquella documentación médica complementaria en apoyo de la petición (art. 4 Orden de 18 de enero de 1996).

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2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ CUSTODIA COMPARTIDA EN EL PAÍS VASCO: JURISPRUDENCIA TRAS LA LEY 7/2015 DE RELACIONES FAMILIARES

Publicado: 29/05/2022

La Ley del País Vasco 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, estableció con carácter de ley los criterios doctrinales seguidos por el Tribunal Supremo para otorgar la guarda y custodia de los hijos, recogiendo en su art. 9.3 que el Juez, a petición de parte, adoptará el régimen de guarda y custodia compartida siempre que no resulte perjudicial para los menores, pues con ello se pretende asegurar el adecuado desarrollo evolutivo, la estabilidad emocional y su formación integral, por entenderse lo más próximo al modelo de convivencia existente antes de la ruptura de sus progenitores y por permitir que éstos puedan participar en igualdad de condiciones en el crecimiento de sus hijos (STS de 29 de noviembre de 2013).

Para ello, deberán observarse circunstancias tales como la relación previa a la ruptura de los progenitores con los menores; sus aptitudes personales y afectivas; el número de hijos, la edad de éstos y su opinión; el cumplimiento de los deberes paternales o la posibilidad de conciliación familiar y laboral, entre otros.

“Este criterio imperante de fijación de una guarda y custodia compartida, como régimen más adecuado en los casos de separación o divorcio, atendiendo al interés superior del hijo menor de edad, obedece a principios inspirados en la corresponsabilidad parental, derecho a los menores de edad a la custodia compartida, derecho de la persona menor de edad a relacionarse de forma regular con el progenitor no custodio y con las familias extensas de ambos e igualdad entre hombres y mujeres, ha sido el elegido por el legislador en la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, del País Vasco”. (SAP Bizkaia 6 de julio 2021)

Tras varios años de vigencia de esta ley, veamos cómo se han interpretado algunos de estos criterios.

Edad de los hijos

Cuando, al momento de la ruptura, los hijos son lactantes, es habitual conceder la guarda y custodia a la madre por las necesidades específicas que para su cuidado precisa un menor de esas características. Sin embargo, una vez dejan de ser bebés, ese mayor contacto materno no es óbice, ni impide que se produzca un cambio en pro de la guarda y custodia compartida, de modo que el contacto sea parejo con ambos progenitores y evitar así, la petrificación de situaciones y roles que ha denunciado la jurisprudencia (SAP Bizkaia, de 14 de octubre de 2020).

Además se ha de tener en cuenta, que alegar el apego por el hecho de que la crianza de los menores haya recaído en uno de los progenitores no puede servir, sin más, para impedir una guarda y custodia compartida:

“Resulta incuestionable que quien se ha hecho cargo de la menor desde su nacimiento ha sido la progenitora materna, pero ello no es suficiente para mantener a la menor bajo su custodia de forma indefinida, siendo reiterada la jurisprudencia del TS, que ha establecido que el historial de cuidados no es motivo suficiente para excluir una custodia compartida”. (SAP Bizkaia, de 30 de julio de 2019)

Por otra parte, en aquellos procedimientos que les afecte, como es el caso de la guarda y custodia, los hijos menores que, a valoración del juez, cuenten con suficiente juicio y, en todo caso, si son mayores de doce años, tendrán derecho a ser escuchados antes de adoptar cualquier decisión (art. 9.3 d):

“Si en este caso, el adolescente plantea su voluntad de convivir de forma paritaria con ambos progenitores, atendiendo a que el domicilio de ambos está muy próximo y no concurriendo ninguna otra circunstancia que nos haga considerar que se presente un perjuicio para el interés del menor, entiende esta Sala que esa voluntad ha de ser respetada al no poder calificarse de simples caprichos cuya acogida pudiera perjudicarle sino que, por el contrario, supondría una infracción al ya expuesto principio favor filli al obligar al menor a una convivencia contraria a sus deseos”. (SAP Bizkaia, de 17 de junio de 2021).

Distancia entre domicilios

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¿CÓMO ACTUAR SI SUFRES ACOSO LABORAL? ACTUALIZACIÓN 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣

Publicado: 01/05/2022

¿Qué es el acoso laboral?

La conflictividad en el ámbito laboral es inherente a las relaciones humanas, si bien, en determinados casos, puede dar lugar a situaciones de desasosiego en el trabajador derivadas de vejaciones y humillaciones que no tiene obligación de soportar y que inciden negativamente en su dignidad.

Por acoso laboral se entiende la situación de hostigamiento y humillación que pueda padecer un trabajador en el marco de la relación laboral que resulta en una ofensa grave para su dignidad.

La manera en la que se produce el acoso laboral es muy variada y puede ir desde impedir al trabajador relacionarse con clientes u otros compañeros, asignarle tareas repetitivas, degradantes o que son imposibles de cumplir; pasando por desprecios, críticas hirientes o más sutiles como no dirigirle la palabra; hasta dirigirle insultos o amenazas.

“Ciertamente, las conductas sistemáticas que reflejan manifestaciones o comportamientos susceptibles de producir acoso moral, son de difícil sistematización pero donde ejemplificativamente podemos hablar de situaciones en las que se implantan medidas organizativas sin asignación de tareas o con asignación de otras innecesarias, degradantes, repetitivas, imposibles de cumplir, que provocan medidas de aislamiento que impiden las relaciones personales internas-externas con clientes, inferiores o superiores con ataques a la persona que se pretende herir, criticar, vejar, burlar o subestimar e incluso ante medidas de violencia física, agresiones verbales, insultos, críticas permanentes, amenazas, rumorologías […]”. (SAP Bizkaia de 9 de noviembre de 2021)

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🚗¿CÓMO Y QUÉ RECLAMAR EN CASO DE ACCIDENTE DE TRÁFICO? ACTUALIZACIÓN 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣

Publicado: 03/04/2022

Abogados accidentes de tráfico Bilbao

¿Quién es responsable en caso de accidente?

Debe partirse de que todo conductor de vehículos a motor, debido al riesgo que se crea por el hecho de su conducción, es responsable de los daños que cause con motivo de la circulación (art. 1 RDL 8/2004, de 29 de octubre); y que, de igual modo, todo propietario de vehículos a motor tiene la obligación de suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil que se derive con una cobertura mínima por siniestro de 70 millones de euros  para daños en las personas y de 15 millones para daños en los bienes (art. 4.2 RDL 8/2004, de 29 de octubre).

Producido el accidente, deberá determinarse qué vehículo ha sido el responsable del accidente, estableciendo una relación causa efecto, entre el hecho causante del accidente y la consecuencia lesiva. El conductor considerado responsable deberá resarcir al otro u otros por los daños generados por su acción.

“[…] La valoración del nexo de causalidad exige ponderar que el resultado dañoso sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente, valorada conforme a las circunstancias que el buen sentido impone en cada caso, lo que permite eliminar todas aquellas hipótesis lejanas o muy lejanas al nexo causal so pena de conducir a un resultado incomprensible o absurdo”. (STS de 22 de febrero de 2010)

Si las partes implicadas en el accidente están de acuerdo en cómo se produjo, pueden rellenar una declaración amistosa de accidente, que servirá a las aseguradoras para conocer las circunstancias del accidente, los daños observados, determinar el responsable y agilizar la tramitación de la reclamación y el abono de la indemnización.

Si interviene la autoridad de tráfico, ya sea porque no ha sido posible el acuerdo entre los implicados, ya sea porque el accidente es de cierta entidad; realizará un atestado del accidente en el que se recogerá toda la información acerca del siniestro, vehículos, conductores, daños personales, daños materiales, declaración de implicados y testigos, así como las conclusiones a las que lleguen los agentes, cuya valoración prevalecerá sobre las de las partes y que posteriormente servirá a las aseguradoras y a los implicados para determinar al responsable y el alcance de los daños a indemnizar.

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⏰NUEVA LEY DE BIENESTAR ANIMAL: NOVEDADES EN HERENCIAS Y DIVORCIOS🐶🐱

Publicado: 18/03/2022

Novedades en herencias y testamentos

La Ley 17/2021, conocida como la Ley de bienestar animal, ha dotado de un nuevo régimen jurídico a los animales de compañía, considerándolos, en el nuevo art. 333 bis del Código Civil, seres sintientes cuyo interés ha de observarse en la resolución de problemas jurídicos, cuyos efectos pueden afectarles directa o indirectamente.

Uno de estos supuestos es el que se produce cuando el dueño de una mascota fallece, siendo necesario determinar el destino del animal.

A este respecto, se ha incorporado al Código Civil un nuevo art. 914 bis, que recoge el régimen de los animales de compañía en materia testamentaria. En concreto, el nuevo artículo señala lo siguiente:

“A falta de disposición testamentaria relativa a los animales de compañía propiedad del causahabiente, estos se entregarán a los herederos o legatarios que los reclamen de acuerdo con las leyes.

Si no fuera posible hacerlo de inmediato, para garantizar el cuidado del animal de compañía y solo cuando sea necesario por falta de previsiones sobre su atención, se entregará al órgano administrativo o centro que tenga encomendada la recogida de animales abandonados hasta que se resuelvan los correspondientes trámites por razón de sucesión.

Si ninguno de los sucesores quiere hacerse cargo del animal de compañía, el órgano administrativo competente podrá cederlo a un tercero para su cuidado y protección.

Si más de un heredero reclama el animal de compañía y no hay acuerdo unánime sobre el destino del mismo, la autoridad judicial decidirá su destino teniendo en cuenta el bienestar del animal.”

Es decir que, si el dueño ha fallecido sin testamento o en el mismo no se hace referencia alguna a los animales de compañía, estos se entregarán a los herederos que los reclamen, de conformidad con la normativa de sucesiones general. En el caso de que la entrega no pueda hacerse inmediatamente, a efectos de salvaguardar el cuidado del animal, será la Administración la que se encargue de su cuidado provisional.

Y, si ninguno de los herederos del causante muestra su disposición a ocuparse del animal de compañía, el órgano administrativo podrá cederlo a un tercero, quien se encargará de su cuidado y atención. Por el contrario, cuando sean varios los herederos que reclamen el animal de compañía y no existan previsiones testamentarias que permitan adjudicárselo a alguno de ellos, corresponderá al Juez resolver sobre el destino del animal, siempre primando el interés y bienestar del mismo.

Se pretende, por tanto, salvaguardar el bienestar del animal en los casos en los que su dueño ya no pueda hacerlo, impidiendo que se produzca una situación de desamparo.

Novedades en separaciones y divorcios: la custodia compartida de las mascostas

La nueva Ley 17/2021 también ha modificado sustancialmente el régimen jurídico de los animales de compañía, en relación a los procesos de ruptura, separación o divorcio.

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DIVORCIOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO: EL NUEVO ARTÍCULO 94.4º DEL CÓDIGO CIVIL

Publicado: 23/02/2022

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ha dotado de una nueva redacción al artículo 94 del Código Civil, que regula el derecho de visita que corresponde al denominado progenitor no custodio, es decir, aquel a quien no se le atribuye la guardia y custodia de los hijos menores; luego de acordarse el cese de la convivencia en los supuestos de crisis matrimoniales tales como la separación, el divorcio o la nulidad del matrimonio.

La modificación legal

En concreto, el nuevo art. 94 dispone lo siguiente:

La autoridad judicial determinará el tiempo, modo y lugar en que el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores podrá ejercitar el derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía.

Respecto de los hijos con discapacidad mayores de edad o emancipados que precisen apoyo para tomar la decisión, el progenitor que no los tenga en su compañía podrá solicitar, en el mismo procedimiento de nulidad, separación o divorcio, que se establezca el modo en que se ejercitará el derecho previsto en el párrafo anterior.

La autoridad judicial adoptará la resolución prevista en los párrafos anteriores, previa audiencia del hijo y del Ministerio Fiscal. Así mismo, la autoridad judicial podrá limitar o suspender los derechos previstos en los párrafos anteriores si se dieran circunstancias relevantes que así lo aconsejen o se incumplieran grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial.

No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial.

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MENORES DE EDAD Y DERECHO PENAL 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣: ¿QUÉ RESPONSABILIDAD TIENEN?

Publicado: 23/02/2022

Los delitos cometidos por los menores de edad han gozado siempre de un particular régimen jurídico, no solo en cuanto a su persecución y enjuiciamiento, sino también en lo que a sus consecuencias se refiere.

Un pequeño repaso histórico

El Código Penal de 1822 estableció, por ejemplo, la mayoría de edad penal a los siete años, sometiéndose a los menores de entre siete y doce años a un examen de discernimiento para eximirles o no de responsabilidad penal. El Código de 1848 elevó dicha mayoría de edad a los nueve años y extendió el examen de discernimiento hasta los quince, y por Decreto Ley de 28 de noviembre de 1918 se implantaron los coloquialmente llamados “tribunales para niños”. En 1925 se elevó la mayoría de edad penal hasta los dieciséis años, introduciéndose en 1944 una atenuante cualificada por tener el autor entre dieciséis y dieciocho años.

En 1948 entró en vigor la Ley de Tribunales de Menores, que estableció un régimen particular y concreto, tanto desde el punto de vista sustantivo, es decir, medidas a adoptar para reprender los hechos delictivos cometidos por menores de edad, como desde el procesal, regulando un procedimiento específico. Esta Ley fue objeto de revisión a través de la Ley Orgánica 4/1992, dictada ya en democracia, y adaptando el régimen vigente a los principios constitucionales.

El actual régimen de responsabilidad penal de los menores es fruto de la publicación del Código Penal de 1995 y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor (LORRPM), que introducen un cambio de paradigma en cuanto al entendimiento de la delincuencia llevada a cabo por menores de edad.

Régimen aplicable a los menores de 14 años

El Código Penal señala en su art. 19 que “los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor”.

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