Los «escraches», sin violencia, no son delito, sino “un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil” y una  “expresión del pluralismo de los ciudadanos”.

Así lo determinaba (tal y como viene siendo  apreciado por parte del Tribunal Constitucional, desde hace más de 20 años, en su doctrina sobre la libertad de expresión), durante esta semana, la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid, con relación al procedimiento penal (archivado y, posteriormente, recurrido por la Fiscalía) incoado tras  la celebración de una «manifestación» contra los desahucios, en las inmediaciones del domicilio familiar de la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Pero, ¿qué es realmente un «escrache» y por qué ha generado tanta «incomodidad» entre los políticos y altos cargos de este país?

«Escrache» es un término de origen argentino que hacía referencia a las concentraciones que, de forma organizada y coordinada, realizaban los ciudadanos, en los domicilios y lugares de trabajo de aquellos que habían realizado torturas a particulares, durante la Dictadura Argentina.

Dichas concentraciones, se publicitaban en «afiches» (carteles o panfletos), en los que se distribuía una fotografía del individuo, sus datos personales, su domicilio, su número de teléfono,… Y, a las mismas, acudían ciudadanos (portando pancartas, profiriendo gritos y/o, simplemente, haciendo ruido), con el objetivo de que, todos los vecinos y viandantes del «escrachado», supieran quién era/había sido «realmente» dicha persona.

Es decir, «escrachar» es poner de manifiesto una realidad (una situación, un hecho), de forma ruidosa y ostensible, frente a todo aquél que transite por una zona, aprovechando que, precisamente, el «escrachado» está en ese mismo lugar y, por lo tanto, va a sentirse directamente señalado y puesto en evidencia.

Por lo tanto, y más allá de la descripción de la acción, «escrachar» es «protestar» por algo que se considera injusto, que no puede perseguirse «formalmente» o que ha podido quedar impune, utilizando como «mecanismos» para perturbar o molestar, el ruido y las proclamas.

Es colocarse delante de aquella persona contra la que no se puede accionar legalmente (ya que, en muchas ocasiones, sus acciones no están tipificadas como infracción o delito) y decirle, sin utilización de ningún tipo violencia física o verbal, que, «el derecho al pataleo» es legítimo y que, al menos, tendrá que entender que la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica no pueden ser censurados y con ello, tendrá que «soportar» el descontento, el cansancio, la tristeza y la desesperanza de quienes se están manifestando…

El «escrache», además, es un acto valiente y libre de intento de concienciación social y una forma de agrupación de aquellos colectivos de personas con los mismos problemas o preocupaciones (desahucios, preferentes,…).

Y, a partir de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, ha quedado bastante claro (para quien quiera entenderlo, claro) que, este tipo de manifestaciones, no suponen la comisión de un delito de coacciones, de amenazas, de acoso, de intimidación, de manifestación ilícita y/o de desórdenes públicos. Al contrario, son una “manifestación de grupos activistas que se dirigen al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar y que tiene como fin que sus reivindicaciones tengan repercusión en la opinión pública”.

Ergo: Una expresión legítima de protesta frente a alguien, contra quien no se puede ejercer otra forma de denuncia o reclamación por las acciones realizadas (o por aquellas que no han sido ejecutadas debidamente) … Ejercicio de un derecho ciudadano, moleste a quien moleste,…